EL TEDH VUELVE A CONDENAR A ESPAÑA POR NO OÍR A ACUSADOS EN SEGUNDA INSTANCIA

DERECHOS HUMANOS


El Tribunal de Estrasburgo volvió a fallar este martes contra España por haber dictado una condena sin haber celebrado una vista pública para escuchar a los acusados en la fase de apelación

tribunal europeo de derechos humanos

 

(EFE).- El Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) volvió a fallar este martes contra España por haber dictado una condena, en esta ocasión por un delito urbanístico, sin haber celebrado una vista pública para escuchar a los acusados en la fase de apelación.

El fallo en el caso Pardo Campoy y Lozano Rodríguez es la decimosexta vez en los últimos diez años que la Corte europea condena a España por este motivo, que vulnera el artículo 6.1 del Convenio Europeo de Derechos Humanos.

Entre esas sentencias está la que dio la razón al expresidente del Parlamento Vasco Juan María Atutxa, porque el Tribunal Supremo no escuchó su testimonio al examinar las cuestiones por su oposición a disolver el grupo parlamentario de Sozialista Abertzaleak.

La anterior condena por los mismos hechos se dictó hace solo cuatro meses, en el caso Camacho Camacho c. España.

La legislación española contempla desde 2015 que los tribunales de apelación ya no son competentes para decidir sobre el fondo de un caso y deben remitirlo a la primera instancia cuando consideren que hubo un error en la evaluación de las pruebas.

El fallo de hoy, dictado por un tribunal de tres jueces, corresponde a la demanda de Andrés Pardo Campoy e Isabel Lozano Rodríguez, absueltos en 2012 de un delito relativo al ordenamiento territorial, tras la celebración de una vista pública.

Dos años después, fueron condenados por la Audiencia Provincial de Almería, sin haberse celebrado una nueva vista, y el Tribunal Constitucional inadmitió el recurso de amparo.

El origen del proceso judicial se halla en la construcción de varios inmuebles en terreno no urbanizable del municipio almeriense de Cantoria, junto al río Almanzora.

Los demandantes ignoraron la orden municipal de paralización de las obras por «delito urbanístico muy grave» y la Guardia Civil denunció el caso ante los tribunales por delito de desobediencia a la autoridad.

Según la sentencia de Estrasburgo, «la magnitud del examen hecho por la Audiencia Provincial hacía necesaria una vista pública ante la jurisdicción de apelación», ya que «hubo un cambio en la apreciación de los elementos, como la existencia de un dolo».

Los demandantes solicitaron al TEDH que España les indemnizara con 17.928 euros por daños morales, 72 por una multa de la Audiencia Provincial, y 11.533,19 por gastos y honorarios.

El fallo concluye que la mejor reparación es la revisión del proceso y sólo concede 10.030 euros conjuntamente por gastos y honorarios.


 

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