LA TUTELA JUDICIAL EFECTIVA, UN DERECHO FUNDAMENTAL DE DAVID VILLAFAÑE Y DE TODOS LOS CIUDADANOS

LA TUTELA JUDICIAL DEBE SER EFECTIVA

Un derecho tan básico y esencial en los tribunales no puede resultar desconocido para el Supremo

magistrados tribunal supremo

Los tres magistrados deberán resolver el respeto al derecho a la tutela judicial efectiva de David Villafañe y hacer que la tutela sea efectivamente efectiva.ER

La tutela Judicial Efectiva no es otra cosa que el derecho a la jurisdicción, que es el desarrollo del derecho al debido proceso, con el cual se regula las etapas del procedimiento, es decir; el acceso a la administración de justicia, el acceso a un defensa técnica, derecho a ser oído, derecho a la prueba, etc…

La tutela judicial efectiva es uno de los derechos reconocidos con el rango de fundamental por el artículo 24.1 de la Constitución Española. Sistemáticamente, dicho artículo se encuentra ubicado en la Sección 1º («De los Derechos Fundamentales y las libertades públicas«), del Capítulo II «(derechos y libertades, del Título I (De los derechos y deberes fundamentales)

Tomando en consideración la legislación Ecuatoriana, la Tutela Judicial Efectiva, la encontramos tipificado como un Derecho de jerarquía Constitucional, tipificado en el Art. 75, del capítulo octavo, (Derechos de Protección), del Título II (Derechos).

Este derecho tan esencial y básico en el sistema judicial español, no puede pasar desapercibido para los tres magistrados del Supremo, Los magistrados Manuel Marchena GómezJuan Ramón Berdugo Gómez de la Torrey el ponente Antonio del Moral Garcíano pueden ignorar tan fundamental y conocido derecho a que la tutela judicial sea efectiva, son los primerísimos conocimientos de la carrera de derecho en la universidad.

Todas las personas tienen derecho a obtener la tutela efectiva de los Jueces y Tribunales en el ejercicio de sus derechos e intereses legítimos, sin que en ningún caso pueda producirse indefensión, incluído el ciudadano David Villafañe García, al cual le vienen pisoteando sus derechos constantemente desde que fuese condenado por el fallecimiento por causas naturales de Marta Couceiro Gómez.

Toda persona tiene derecho al acceso gratuito a la justicia y a la tutela efectiva, imparcial y expedita de sus derechos e intereses, con sujeción a los principios de inmediación y celeridad; en ningún caso quedará en indefensión.

La Tutela Judicial Efectiva es un derecho fundamental de defensa o de protección de toda persona, con capacidad o sin está, contra la injerencia de cualquier extraño, fundamentalmente el poder público, en su ámbito jurídico. Por lo antes mencionado podemos establecer que es un derecho fundamental, con el cual al exigir la Tutela Judicial Efectiva, para que sus derechos no sean lesionados y en caso de serlos, pueden los ciudadanos salvaguardar sus derechos, así como sus intereses; ya que para la tutela judicial efectiva es inherente el acceso a la justicia, en un proceso a cargo de un juez imparcial que impida la indefensión del sujeto procesal y este reciba un sentencia motiva en derecho.

La Función Judicial, por intermedio de las juezas y jueces, tiene el deber fundamental de garantizar la tutela judicial efectiva de los derechos declarados en la Constitución y en los instrumentos internacionales de derechos humanos o establecidos en las leyes. Un elemento implícito en la Tutela Judicial Efectiva es la calidad de las decisiones judiciales, ya que es una garantía, garantía que se hace efectiva en la motivación bien fundamentada de la decisión del juez, como lo observamos en el artículo antes mencionado.

La Tutela Judicial Efectiva como Instrumento Esencial de la Democracia, la decisión judicial como núcleo de la tutela judicial efectiva no debe de ser sólo correcta en o de fondo sino también, y con carácter prioritario, en su fundamentación. La Tutela Judicial Efectiva no es otra cosa que el derecho a la jurisdicción, que es el desarrollo del derecho al debido proceso, con el cual se regula las etapas del procedimiento, es decir; el acceso a la administración de justicia, el acceso a un defensa técnica, derecho a ser oído, derecho a la prueba, sentencia motiva, derecho a la interposición de recursos, así como el derecho a la ejecución de sentencia. Cumplidos todos estos derechos, es cuando se hace efectivo el derecho constitucional a la Tutela Judicial Efectiva.

De acuerdo con la Jurisprudencia del Tribunal Constitucional, el derecho a la tutela judicial efectiva comprende el derecho de toda persona a ser parte en un proceso, y a poder promover en su marco la actividad jurisdiccional que desemboque en una decisión judicial sobre las pretensiones deducidas.

La no autorización de la interposición del recurso de revisión, ni tampoco la práctica de las diligencias solicitadas, tienen la indeseable consecuencia de vulnerar el derecho fundamental de David Villafañe García a la tutela judicial efectiva, reconocido en el artículo 24.1 de la Constitución, en relación con los artículos 9 (apartados 2 y 3), 10, 17, 18 y 24.2 del mismo texto constitucional, así como con los artículos 5, 6 y 13 del Convenio para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales, hecho en Roma el 4 de noviembre de 1950.

Es una exigencia de la justicia, tal y como la entiende el legislador constituyente, estrechamente vinculada a la dignidad humana y a la presunción de inocencia, por cuanto el factor por el que resultó neutralizada está en la Sentencia cuya revisión se pide, resulta a su vez anulado por datos posteriores que la restablecen en su incolumidad. Bien cabe afirmar que, dados los supuestos que para su interposición se exigen, tal recurso, independientemente de los ya existentes en el procedimiento en aras del descubrimiento de la verdad penal y de la consecución del fallo más adecuado, en un postulado inexcusable de la justicia, por cuanto la circunstancia que permite acudir a él implica un hecho o medio de prueba que venga con posterioridad a evidenciar la equivocación del fallo. Y el fin del proceso penal, como medio para la fijación de la verdad de los hechos y de su consiguiente tratamiento legal, no puede conducir a que el efecto preclusivo de la Sentencia condenatoria pueda prevalecer.

Nos encontramos con que, en un hecho grave, la condena a una persona por asesinato y estafa agravada, el avance de la técnica médica puede llevar a la convicción de que la persona fallecida lo fue por causa natural, al padecer una enfermedad cardiaca, y no por la acción de la persona que resultó condenada.

Esta pretensión se fundamenta en informes periciales actuales, realizados por un profesional de reconocidísimo prestigio en la materia. No se pide, pues, la revisión, con fundamento en meras alegaciones o conjeturas, sino en sólidas bases científicas. En estas circunstancias, la negativa a admitir el recurso de revisión y a practicar las diligencias necesarias para obtener una respuesta razonada, lógica y científica a la causa de la muerte de doña Marta, no puede entenderse como razonable, desde le punto de vista del derecho a la tutela judicial efectiva. Por ello, se produce la quiebra real del mencionado derecho, relacionado en este caso, con otros derechos y principios constitucionales.

[pdf] DAVID VILLAFAÑE DENUNCIA VIOLACIÓN DE DERECHOS HUMANOS FUNDAMENTALES ANTE EL TRIBUNAL SUPREMO

 

 

 

 

 

 

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